Bloqueo a sueldo en Santa Fe: Segob confirma que un grupo criminal pagó la protesta y ya hay investigación abierta


La protesta que ayer paralizó Santa Fe no nació de la inconformidad, nació de una nómina. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó este miércoles en la conferencia mañanera que ya hay una carpeta de investigación abierta por los bloqueos, porque las personas que cerraron los accesos a la zona recibieron un pago por manifestarse, y el dinero salió de gente perteneciente a un grupo delictivo vinculado a una persona que se encuentra privada de la libertad.
"Sí tuvimos la información de que efectivamente en Santa Fe había una manifestación de personas que habían recibido un pago por hacer una manifestación. Lo que llamó la atención es que quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad", dijo la funcionaria en Palacio Nacional, donde encabezó la conferencia en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, de gira por China. Y lanzó la advertencia: "Ya está la investigación y se va a proceder, porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos, sobre todo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada".
El bloqueo ocurrió la mañana del martes en la avenida Vasco de Quiroga, a la altura de la glorieta de Santa Fe, y en los accesos por Constituyentes, en la alcaldía Cuajimalpa. Alrededor de 30 personas, presentadas como familiares de internos del Centro Federal de Readaptación Social número 4, "El Rincón", de Tepic, Nayarit, desplegaron una manta para exigir respeto a los derechos de salud de los internos, abasto de medicamentos y la destitución del director del penal. El cierre colapsó el poniente de la capital durante horas, con filas de vehículos de hasta seis kilómetros sobre la carretera México-Toluca.
Rodríguez cuestionó además el fondo de la protesta: sostuvo que se pagó a la gente para manifestarse por las condiciones de un centro penitenciario en el que, afirmó, no existe una mala condición, y acusó un mal uso del derecho a la libre manifestación. La secretaria se negó a dar nombres y detalles del caso, con el argumento de que la indagatoria está en curso y debe mantenerse la investigación; el gabinete de seguridad federal es el que sigue la pista del dinero para dar con quienes financiaron y ordenaron la movilización.
De acuerdo con reportes de prensa publicados ayer, autoridades capitalinas vincularon la convocatoria con personas cercanas a Lenin Canchola Martínez, señalado como líder del grupo criminal Los Malcriados 3AD, quien cumple una sentencia de 50 años en el propio penal de "El Rincón", y señalaron que a cada manifestante se le habrían pagado 250 pesos por participar en los bloqueos. En la conferencia de este miércoles, Rosa Icela Rodríguez no mencionó ese nombre ni esa cifra.
Lo que sigue es la ruta legal: la investigación deberá acreditar quién entregó el dinero, quién dio la orden desde dentro o fuera del penal y quiénes aceptaron cobrar por cerrar una de las zonas corporativas más transitadas del país. Por lo pronto, el mensaje de Gobernación fue directo: bloquear una ciudad por encargo del crimen organizado no quedará como una protesta más.




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