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Del palacio a la cárcel militar: un juez manda a Santiago Peña a Viñas Cué por los privilegios del caso Ueno Bank

Foto del escritor: Redacción
Redacción
hace 5 horas
2 min de lectura

Santiago Peña cumple este lunes 48 años y lo hace dejando atrás una reclusión con gimnasio propio. El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó su traslado inmediato desde el Regimiento Escolta Presidencial hasta la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, para garantizar el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva que el expresidente paraguayo cumple desde hace diez días por el colapso de Ueno Bank.


Peña estaba recluido en el regimiento que alguna vez fue su escolta, y las denuncias de trato preferencial se acumularon hasta volverse insostenibles: el diario ABC Color difundió fotografías de máquinas y equipos de gimnasia instalados en una sala de reuniones de la unidad, cuya existencia confirmó el propio ministro de Defensa, Óscar González, mientras la prensa local describía el alojamiento del exmandatario como una "suite presidencial", con dormitorio, baño privado, oficina y comedor. El escándalo ya le costó el puesto al comandante del regimiento, el coronel José David Daiub, destituido por el presidente Pedro Alliana, el exvicepresidente que asumió el poder tras la caída de Peña.


Todo comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay ordenó la resolución de Ueno Bank tras declararlo insolvente: la entidad aseguraba tener 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social, de otras cuatro cajas de jubilados y de varias instituciones públicas. Tres días después, el Senado destituyó a Peña en un juicio político por mal desempeño de funciones y esa misma noche fue detenido en su casa de Asunción; al día siguiente, el juez Humberto Otazú decretó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, con el argumento de que el exmandatario maneja información sensible y no debía ir a una cárcel común.


La Fiscalía imputó a Peña por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, y lo señala como presunto jefe de una estructura montada desde el Estado para favorecer al Grupo Vázquez, el conglomerado dueño del banco, del que el propio Peña fue accionista hasta marzo de 2025. El expediente, caratulado "Santiago Peña Palacios y otros", suma 27 imputados, entre ellos un fundador del banco, directivos del grupo y exautoridades del Banco Central, y el viernes pasado el Ministerio Público amplió la imputación por asociación criminal contra el expresidente y cinco exdirectivos del ente regulador.


Este mismo lunes, Otazú se apartó de la causa por un vínculo familiar con uno de los coprocesados y el expediente pasó a manos de Legal, cuya primera resolución fue el traslado. En Viñas Cué, una cárcel que suele albergar a políticos y procesados de alto perfil, Peña deberá permanecer en libre comunicación, pero aislado de las demás personas privadas de libertad, en particular de sus coprocesados, y las autoridades militares tendrán que informar al juzgado los protocolos adoptados para proteger su vida y su integridad física. Su defensa se abstuvo de declarar en la audiencia y el exmandatario no comentó la decisión; como en todo proceso penal, rige la presunción de inocencia.

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