"Gobierna para Airbnb": Vadillo acusa a Rojo de la Vega de contratos simulados por 200 millones y extorsión a comerciantes


"Es una alcaldesa de redes". Con esa frase, la diputada Cecilia Vadillo Obregón resumió este viernes el juicio de Morena sobre Alessandra Rojo de la Vega, horas después de que la alcaldesa de Cuauhtémoc abandonó su comparecencia en el Congreso capitalino. En la conferencia de prensa en la que la bancada exhibió el audio de la presunta extorsión a comerciantes, Vadillo soltó la acusación más dura de la jornada: "Hay señalamientos muy graves de corrupción, documentados por lo menos por 200 millones de pesos, contratos simulados. Hay delitos que hizo la alcaldesa, hay una clara extorsión hacia los comerciantes de vía pública".
Para la legisladora, lo que ocurre en la demarcación no admite espera: "Aquí lo que está ocurriendo en el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega es sumamente grave, y por supuesto que por eso huye y no quiere responder". Y advirtió que la bancada seguirá publicando información: "Tenemos vínculos claros de las inmobiliarias con el gasto que ella ejerce. Ella está gobernando para Airbnb, está gobernando para la gentrificación".
Detrás de la cifra de los 200 millones hay dos frentes documentados. En enero pasado, una investigación periodística reveló que la alcaldía entregó 16 contratos por más de 97 millones de pesos a empresas del Grupo Meor que compartían apoderados y representantes legales y que compitieron entre sí en invitaciones restringidas, un esquema que la ley prohíbe. La Contraloría capitalina abrió un expediente, legisladores de Morena presentaron una denuncia ante esa dependencia y el Congreso pidió una auditoría sobre esos contratos. El segundo frente se conoció este año: dos contratos por casi 100 millones de pesos para Constructora Varazze, única participante en ambas licitaciones y una empresa a la que la Auditoría Superior de la Ciudad de México ya había observado pagos irregulares en otra alcaldía. Sumados, los contratos cuestionados rondan los 200 millones que citó Vadillo, aunque hasta ahora ninguna investigación ha concluido ni existe una resolución que acredite responsabilidades.
La extorsión que la diputada calificó de "clara" es la del audio exhibido en la misma conferencia, en el que Javier Gómez, "El Jave", trabajador de Vía Pública y Mercados, negocia con comerciantes un pago que baja de 100 mil a 10 mil pesos y asegura que la alcaldesa "lo sabe todo". Las denuncias tampoco son nuevas: desde julio pasado, el concejal morenista Emilio Villar ha señalado cobros diarios y semanales a ambulantes de la demarcación.
Lo de Airbnb tampoco es solo una frase. La Cuauhtémoc concentra cerca de la mitad de los anuncios de esa plataforma en toda la capital, nueve de las diez colonias con más alojamiento turístico de la ciudad están en la demarcación y la renta promedio de la alcaldía, de 29 mil 149 pesos mensuales, es la más alta de la ciudad, de acuerdo con datos de Inside Airbnb y del índice de Inmuebles24 difundidos por Expansión. El propio gobierno capitalino reconoció en su diagnóstico contra la gentrificación que las viviendas de estancia corta crecieron hasta 25 por ciento y las rentas hasta 100 por ciento en algunas zonas. Lo que Vadillo no mostró todavía son los vínculos concretos entre las inmobiliarias y el gasto de la alcaldía: dijo que los tienen y que los irán sacando.
La diputada también fue por el discurso oficial de resultados. "Ella no quiso venir aquí a responder por qué los 500 espacios públicos que ella anuncia no están en ningún lado, por qué no están los resultados que ella presume en redes sociales", dijo. La cifra que cuestiona es la bandera del programa Renace Cuauhtémoc: la propia alcaldesa la repitió hace apenas unos días, al afirmar que en dos años se recuperaron más de 500 espacios públicos, entre plazas, jardines, fuentes, banquetas y calles. Es un dato que la alcaldía difunde en sus boletines, pero cuya comprobación en campo es justo lo que Morena le reclama.
"La realidad hoy más que nunca es que es una alcaldesa de redes, una alcaldesa que cuando la pones frente a un cuestionamiento real no puede más que hacer show y huir", cerró Vadillo.
La respuesta de Rojo de la Vega llegó el mismo viernes. Antes de abandonar la sesión, acusó a la diputada Diana Sánchez Barrios de haber llevado "a toda su horda de delincuentes" y, ya fuera, aseguró que teme por su vida, que pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, garantías de seguridad para comparecer y que presentará denuncias por las agresiones contra sus simpatizantes. Sobre los contratos, la postura de su administración ha sido que todos los procesos se hicieron conforme a la ley, que los señalamientos son una persecución política y que no existe ninguna resolución firme en su contra. La comparecencia, por segundo año consecutivo, quedó sin realizarse.




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