La Corte revisará si las comunidades indígenas deben demostrar pobreza para recibir fondos
El máximo tribunal atrajo un amparo de una comunidad nahua de Hidalgo. Analizará si el gobierno puede exigir requisitos socioeconómicos para entregar recursos del fondo federal creado en 2025.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión este miércoles. El Pleno aceptó por unanimidad la propuesta de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Revisará el amparo en revisión 148/2026. Lo promovió la comunidad nahua de Ahuatitla, en San Felipe Orizatlán, Hidalgo.
Esa comunidad quedó fuera del listado de beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La Secretaría de Bienestar coordina ese fondo. Ahora la Corte examinará si la dependencia puede exigir prueba de pobreza extrema o de alto rezago social. Lo hará aunque la comunidad se ubique en una zona de atención prioritaria.
Aguilar Ortiz explicó el alcance del asunto. La Corte podrá fijar un criterio claro sobre el acceso de las comunidades a recursos públicos. También podrá definir reglas para la administración directa de esos fondos. El presidente de la Corte recordó que este fondo opera apenas su segundo año. Después de 200 años de vida independiente, los pueblos tienen por primera vez un fondo propio.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó la importancia del caso. Existe un precedente de la antigua Segunda Sala que reconoció ese derecho. Sin embargo, ese criterio solo obtuvo tres votos y no generó jurisprudencia. Por eso pidió que la nueva Corte emita un criterio obligatorio para los tres órdenes de gobierno.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía destacó otro punto clave. El caso permitirá precisar el derecho de las comunidades a administrar directamente las asignaciones presupuestales. También exigirá que reciban una explicación clara cuando las excluyan. Figueroa Mejía insistió en aplicar un enfoque intercultural. Además recordó el derecho a la consulta y a la libre autodeterminación.
Con esta revisión, la Corte busca dar certeza a cientos de comunidades que esperan acceso justo a recursos pensados para ellas.
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