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Milei la vetó, la calle no se rindió: Argentina hace permanente la ley de discapacidad por unanimidad

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Redacción
hace 18 horas
3 min de lectura

La pelea duró más de un año y terminó sin un solo voto en contra. El Senado de Argentina convirtió este jueves en ley, por unanimidad, la nueva Ley de Discapacidad: 71 senadores votaron a favor y ninguno en contra, en una sesión maratónica que puso fin a la emergencia que regía para el sector y que vencía el próximo 31 de diciembre. Lo que nació como una respuesta temporal a la crisis del sistema de atención ahora será un régimen permanente.


La sanción cierra uno de los conflictos más duros del gobierno de Javier Milei. En 2025, el presidente vetó la declaración de emergencia en discapacidad argumentando su costo fiscal; el Congreso insistió con mayorías de dos tercios en ambas cámaras y el Ejecutivo terminó promulgándola, pero frenó su aplicación hasta que se definiera de dónde saldrían los fondos. En el medio, familias, prestadores y personas con discapacidad se movilizaron una y otra vez frente al Congreso, y el sector quedó además sacudido por el escándalo de presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta vez el desenlace fue otro: el proyecto se negoció entre el oficialismo y la oposición y llegó al recinto con acuerdo de todos los bloques. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado en octubre con 237 votos.


La ley cambia reglas centrales. Los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora definía el Poder Ejecutivo, quedan fijados por ley: se mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo y se exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y una evaluación socioeconómica. Además, la pensión será compatible con un empleo registrado o con la inscripción como monotributista, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. "Nadie más va a tener que estar esperando para cobrar y ver reconocidos sus derechos", celebró la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien definió el acuerdo como cambiar "el parche por una regla y la incertidumbre por la previsibilidad".


La norma también garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, mantiene vigente la ley de empleo protegido y refuerza el respaldo presupuestario: si las partidas del Ministerio de Salud no alcanzan, podrán usarse fondos del Tesoro. Y ataca una deuda histórica: el Gobierno tendrá 30 días desde la entrada en vigencia para presentar un cronograma de pagos a los prestadores y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.


No todos bajaron la guardia. Desde la oposición advirtieron que la batalla ahora pasa por la letra chica: "Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen", señaló el senador Eduardo "Wado" de Pedro. El costo también sigue en discusión: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la incorporación gradual de unos 200 mil nuevos beneficiarios demandaría 598 mil 912 millones de pesos adicionales durante 2027, equivalentes al 0.04 por ciento del Producto Bruto Interno.


El texto pasa ahora a manos de Milei, que tiene diez días hábiles para promulgarlo. En la Casa Rosada aseguraron que el presidente lo hará, y una vez publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno contará con 30 días hábiles para reglamentarlo. Recién entonces se sabrá si la unanimidad del Congreso se traduce en la certeza que el sector lleva años reclamando en la calle.

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