Candidaturas trans y protección a los espacios políticos LGBT+

A principios del mes de mayo, colectivos de mujeres trans y otrxs miembros de la comunidad LGBT+ de Tlaxcala, convocaron a una rueda de prensa para denunciar que el partido político Fuerza X México, postuló 18 candidatos varones en esta entidad, fingiendo ser mujeres trans o modificando la identidad de género de los mismos en el registro para cumplir con la cuota de paridad establecida en la ley electoral. El caso, como era de esperarse en un país como el nuestro que lastimosamente no termina de comprender y respetar a la diversidad sexual y de género, fue motivo de comentarios despectivos por parte de usuarios/as de redes sociales, medios de comunicación y hasta de mujeres autodefinidas como feministas.

Sobre el tema, el día 15 de mayo, el periódico El País presentó en su versión en línea un reportaje donde con cierta tendencia, se sugiere que situaciones como las de dichos candidatos son consecuencia de la inclusión y de la diversidad. Incluso, recurrieron a la opinión de la calderonista Arussi Unda, líder del colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar, quien sin más reparo se lanzó en contra de las leyes aprobadas en diversos estados de la república que reconocen la identidad de género de las personas trans, bajo el argumento de que, palabras más palabras menos, se le están arrebatando espacios a las mujeres. Valga mencionar que dichas declaraciones son coherentes con la agenda anti derechos trans y LGBT+ que el mencionado colectivo ha venido promoviendo desde tiempo atrás, arropándose en el feminismo.

Sin embargo, el hecho de que existan vacios legales y administrativos que dan lugar a que personas oportunistas utilicen los espacios y derechos conseguidos por sectores vulnerados, no es motivo para apostar por el retroceso. Pensemos por ejemplo en las mujeres que han ocupado cargos políticos y que con el tiempo han sido denunciadas por utilizar su posición de poder para cometer actos de corrupción, nepotismo o cualquier otro ilícito ¿Deberíamos concluir a partir de esto que las mujeres no son aptas para ostentar un cargo público o que debería eliminarse el principio de paridad? Sería estúpido pensar que sí. Se trata entonces de un tema de sofisticación política y legal que las instituciones tienen que asumir en conjunto para transitar hacia una inclusión más amplia y eficaz.

Sobre las candidaturas LGBT+, la autoridad electoral se basa en un principio básico del reconocimiento a la diversidad de género de los/las/lxs individuos: la capacidad de auto reconocerse, auto identificarse y libertad para expresarlo, en tanto que no existe una esencia que nos determine como hombres o mujeres, pues ambas categorías son constructos sociales, históricos y arbitrarios. Dicho de otra forma: ni los genitales, ni la ropa, ni los accesorios, ni el maquillaje determina el género de los sujetos per se. En ese sentido, las autoridades reconocen que cualquier intento por verificar la identidad de género, orientación sexual e incluso otras cuestiones como la pertenencia a una cultura indígena, puede representar una violación a los derechos humanos.

¿Qué puede hacerse entonces para evitar que sucedan casos como el de los 18 candidatos en Tlaxcala?

Impulsar una agenda amplia de reconocimiento de derechos para las poblaciones LGBT+ y trabajo inter institucional que desemboque en una sofisticación de protocolos y normativas para las candidaturas de la diversidad. La activista Paola Jiménez, coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C., afirmó dentro del mismo reportaje, a modo de propuesta, que los institutos electorales soliciten el cambio legal de documentos de nacimiento, un trámite que sí es posible en el estado de Tlaxcala y que podría dar certeza a la identificación de lxs candidatxs. Sin embargo, esta es una realidad que hasta ahora sólo es posible en otras 13 entidades del territorio nacional: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y recientemente Puebla. A pesar de que la SCJN ha sentado precedentes para que los estados legislen a favor del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, muchos se han negado a hacerlo a veces como consecuencia de que grupos conservadores han ejercido presión para tumbar estas iniciativas. Casos como el del Estado de México donde grupos autodenominados feministas radicales y anarquistas se manifestaron ferozmente y sostuvieron un diálogo con las autoridades para echar abajo la iniciativa de ley, sostenidos en argumentos que no eran más que muestra de odio, ignorancia y prejuicios tan similares a los de agrupaciones religiosas pro familia.

Lo que se hace evidente entonces es la ausencia de políticas públicas en beneficio de la comunidad LGBT+ como un escenario legal previo que dé sustento y protección a los espacios en el servicio público, más allá de ser cumplimientos burocráticos que sirvan sólo para alimentar la imagen progre de las instituciones. Se materializa en las candidaturas la necesidad urgente de reconocer legalmente la existencia de las personas trans, no sólo como forma de garantizar el acceso a educación, trabajo, vivienda y salud, sino también para el ejercicio pleno de sus derechos político electorales. Lo mismo para otros miembros de la comunidad LGBT+: leyes que combatan la discriminación en el servicio público y todos los ámbitos de la vida social, combate a las terapias de conversión y reconocimiento a la identidad de género desde los primeros años de la vida. Recordemos que se trata de un sector históricamente vulnerado y por tanto sólo un trabajo en conjunto, a la par de un cambio de cultura por medio de la educación, nos conducirá hacia un escenario de verdadera inclusión y representación política en beneficio de la diversidad sexual.